República de Colombia
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Boletín de prensa 8 de abril de 2011
EL TIEMPO
GOBIERNO PROPONE A JUECES FONDO COMÚN PARA PROTECCIÓN
Así lo hizo el ministro del Interior y de Justicia en reunión con los presidentes de las cortes,
Según Germán Vargas Lleras, el Gobierno está diseñando un plan de seguridad para la protección de los funcionarios de la rama.
El proyecto está siendo preparado por la Policía y busca concentrar los recursos humanos y económicos en un solo fondo de seguridad, que protegerá no solo a jueces, sino también a fiscales.
Según el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Hernando Torres, la propuesta “es interesante” pero debe estudiarse con detenimiento.
Además, aseguró que tanto el Gobierno como la rama judicial harán esfuerzos para maximizar los recursos que existen en este momento en materia de seguridad.
El magistrado Torres también confirmó que los presidentes de las Altas Cortas le reiteraron al Gobierno la necesidad de contar con 1 billón de pesos más para el presupuesto de la rama, que en este momento es de 2.1 billones de pesos, para atender las necesidades que requiere la justicia.
La solicitud, según el ministro Vargas Lleras, es “razonable” y dijo que se reunirá con el equipo económico del Gobierno para discutir el tema.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Camilo Tarquino, dijo que el tribunal que representa “no le ve problema a renunciar a la elección de magistrados”, tema que se ha discutido en la comisión interinstitucional para reforma de la justicia y que ha sido analizado por los magistrados de esa corporación.
Los magistrados consideran, sin embargo, que a cambio se debería permitir en el proyecto de reforma a la justicia que la Corte Suprema sea la que juzgue a estos funcionarios.
En este momento, la Corte Suprema de Justicia elige al Fiscal General de la Nación de la terna que presente el Presidente de la República, participa en la elección del Procurador General de la Nación, y presenta la terna para que el Consejo de Estado elija al Contador G
CORTE SUPREMA ORDENA INSPECCIÓN A TUTELA EN PROCESO A LUCERO CORTÉS
La Sala Penal ordenó la inspección al expediente que lleva la Corte Constitucional en el caso.
La diligencia que se adelanta hace parte de la investigación que lleva la Corte Suprema hace menos de un mes contra la ex congresista Lucero Cortés por presunto tráfico de influencias.
Los magistrados indagan si la ex congresista influyó para que fuera resuelta a favor de su esposo, Manuel Rincón, una tutela en la que se pedía que se solicitara una investigación por estafa.
Es importante recordar que la ex congresista, actualmente representante del Partido de la U a la Cámara por Bogotá, está incluida entre los catorce legisladores que son investigados también por el presunto manejo irregular de bienes en la Dirección nacional de Estupefacientes.
En la diligencia, un magistrado auxiliar de la Corte Suprema revisará el expediente y solicitará a la Corte Constitucional copias que considere necesarias para adjuntar al proceso que se adelante en la Corte Suprema. Terminada la inspección se levantará un acta en el que se incluyen las piezas procesales de las que se soliciten copia.
UNA PATRIA NO TAN BOBA
En las celebraciones de los 200 años del constitucionalismo liberal hispánico, nos corresponde estar en la vanguardia.
Hay razones para celebrar en ambos lados del Atlántico el bicentenario de la Constitución de Cadiz.
Desde hace ya algunos años, los españoles se preparan para celebrar el bicentenario de la Constitución de Cádiz, que se promulgó en 1812. Las conmemoraciones se iniciaron en septiembre pasado para marcar el inicio de las Cortes en 1810. En esas cortes y en su tarea constituyente, los diputados americanos tuvieron una participación notable.
Hay razones para celebrar en ambos lados del Atlántico. La Carta de Cádiz fue un hito de enorme significado en la historia del liberalismo constitucional, por muchas de sus medidas, de escasos precedentes mundiales -como la adopción de un sufragio ampliado-. Cuando se reunieron las Cortes, sin embargo, ya la Nueva Granada (Colombia) marchaba a ritmos autónomos y rápidos hacia la independencia.
Cuando las Cortes expidieron la carta gaditana, se habían promulgado aquí constituciones en Cundinamarca, Tunja y Antioquia. Pronto seguirían otras -como la de Cartagena, a mediados de 1812-. "Por su precocidad, magnitud y diversidad -ha observado Daniel Gutiérrez Ardila-, el trabajo constitucional de los revolucionarios neogranadinos no tiene parangón en el mundo hispánico de la época".
Fue, además, una tarea original en condiciones extraordinarias. Su originalidad se puede apreciar en el libro compilado recientemente por Gutiérrez Ardila, Las asambleas constituyentes de la independencia, donde se transcriben las actas y los textos aprobados en Cundinamarca y Antioquia en 1811 y 1812.
La primera constitución de Cundinamarca se adoptó en abril de 1811, casi un año antes que la de Cádiz, en medio de muy difíciles circunstancias. Quizás el espíritu de la república nunca ha permitido apreciar como se merece el valor de la carta promulgada por los constituyentes cundinamarqueses, leales aún a Fernando VII.
No obstante, lo adoptado fue una monarquía constitucional: la constitución -aprobada por "la representación" elegida por el "pueblo"- se veía como "una barrera contra el despotismo" y "el mejor garante de los derechos imprescriptibles del hombre y del ciudadano". Fue, en cualquier caso, una carta de transición. En abril de 1812, Cundinamarca se dio otra constitución, esta vez proclamando la república.
Por cumplirse su bicentenario, este año debiéramos prestar especial atención a las constituciones de Cundinamarca y Tunja, así como a la independencia de Cartagena. Pero se requiere un esfuerzo mayor para revalorar todo el período que, como lo expresara José María Samper hace más de un siglo, se apellidó tan injustamente "la patria boba".
Nada de "bobas" fueron las constituciones aprobadas en esos años de incertidumbre, frente a la abrupta transformación que siguió a la caída del imperio español. Fueron más bien osadas.
Al incorporar un título especial con los derechos y deberes de los ciudadanos, y la división de poderes, se las ha acusado de ser imitativas de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Muchas de estas constituciones fueron más allá de los supuestos modelos. La de Cundinamarca de 1812, por ejemplo, estipuló que "los indios gozan de todos los derechos de ciudadanos, y tienen voz y voto en todas las elecciones, como los demás de esta república". Pasaría más de un siglo antes de que los Estados Unidos dieran un paso similar.
En su última columna, el escritor Juan Gabriel Vásquez se lamentaba con razón de lo fugaz que fue la conmemoración del Bicentenario en Colombia, un evento ya olvidado. Hace 200 años, nuestros constituyentes se adelantaron a las Cortes de Cádiz. No se trata de competir con Cádiz. Hubo allí importante participación neogranadina. Hay que unirnos a sus fiestas. Pero, en las celebraciones de los 200 años del constitucionalismo liberal hispánico, nos corresponde estar en la vanguardia.
EL ESPECTADOR
.130 DESAPARICIONES EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
Varias ONG piden a la UE condenar desapariciones forzadas en Colombia
Según cifras oficiales de esas organizaciones, cada día en promedio desaparece un activista sindicalista.
Varias organizaciones no gubernamentales instaron a la Unión Europea (UE) a condenar las desapariciones forzadas en Colombia, así como a solicitar a las autoridades de ese país que incrementen la protección de los activistas de dichas ONG.
La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco) , que representa a una treintena de organizaciones de diez países europeos, envió una carta al embajador colombiano en Bruselas, Carlos Holmes Trujillo, apoyada por una decena de eurodiputados, entre ellos el español de los Verdes Raül Romeva, para conocer la labor del Gobierno colombiano ante esos crímenes.
Además, señaló que Trujillo recibirá a representantes de Oidhaco, la Coordinadora belga por Colombia y otras organizaciones, quienes le expresarán su preocupación por la suerte de miles de desaparecidos, en especial de la activista ecologista Sandra Viviana Cuéllar, de 26 años, desaparecida el pasado 17 de febrero en Cali.
Las ONG recordaron que, según cifras oficiales, existen al menos 27.300 casos de desapariciones forzadas en Colombia, 1.130 de ellos en los últimos tres años, “lo que lleva a concluir que cada día del año desaparece un activista, sindicalista o líder asociativo”, denunciaron.
“Oidhaco solicita a la UE que condene este crimen y que exija a Bogotá medidas inmediatas para proteger a los activistas y combatir la impunidad”, recalcaron en un comunicado.
Según la Coordinadora belga por Colombia, en los últimos 20 años “se ha podido demostrar que los servicios de seguridad del Estado han participado en estos crímenes, cometiéndolos directamente o tolerando que los cometieran los grupos paramilitares”.
“El ensordecedor silencio que la UE mantiene sobre la gravísima situación de derechos humanos en Colombia es desconcertante”, indicó el portavoz de Oidhaco, Vincent Vallies.
“No puede ser que Colombia tenga más desaparecidos que las dictaduras de Argentina y Chile juntas; 27.300 casos son investigados por la Fiscalía colombiana, pero podrían ser más”, apuntó, y añadió que la UE debe “condenar públicamente” esa situación.
PROMETEN DESCONGESTIÓN EN JUZGADOS CIVILES
Judicatura promete reducir en 121 días procesos civiles
Se espera que 39 jueces piloto evacúen hasta 163.000 procesos en Bogotá en 2011.
En 121 días se reduciría el tiempo para dirimir los procesos civiles que cursan en Bogotá, anunció la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, gracias a la implantación de nueve despachos especializados, en los varios jueces pilotos atenderán los casos.
Según el presidente de la Sala, Hernando Torres Corredor, el trabajo de 39 operadores jurídicos de esta naturaleza permitirá que los procesos se evacúen en 113 días y no 344, que es el plazo medio.
Añadió que en Bogotá hay más de un millón 300 mil expedientes abierto en la jurisdicción civil y que el 66 % se encuentran inactivos, pues llevan más de seis meses sin que ninguna de las partes intervenga.
Torres indicó que, frente a este último tipo de casos, se requiere adelantar una actuación de desistimiento, y de ahí que el plan sea asignarles la función a estos jueces que, se espera, evacúen 102 mil expedientes de la misma condición en 2011.
21 jueces piloto de descongestión a nivel municipal y 18 más del circuito que, según la meta, fallarán 61 mil procesos más que ameritan decisión, para un total de 163 mil al finalizar el año.
El plan global para la jurisdicción civil, recalcó el magistrado Torres Corredor, es que en cuatro años los despachos se encuentren completamente al día.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ORDENA INSPECCIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
El Alto Tribunal tomó la determinación al encontrar que hay indicios de un aparente tráfico de influencias.
La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia habría ordenado una inspección judicial a la Corte COnstitucional para tratar de establecer el camino que tomó durantes varios meses en la Corte una tutela interpuesta por el esposo de Lucero Cortés, según reveló caracol Radio.
Los magistrados tomaron la decisión de ordenar la inspección, dijo Caracol Radio, tras las denuncias hechas en diciembre de 2010 por una exabogada de la representante a la Cámara Lucero Cortés, según las cuales, se habrían pagado 150 millones de pesos para que se reabriera el proceso de una tutela a favor de Manuel Rincón, esposo de la congresista, en la Corte Constitucional.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a la congresista Lucero Cortés, dentro del proceso por una supuesta ingerencia en un fallo de tutela que buscaría favorecer a su esposo en un caso de estafa con un tercero.
El Alto Tribunal tomó la determinación al encontrar que hay indicios de un aparente tráfico de influencias.
DIÁLOGO ENTRE EJECUTIVO Y JUDICIAL POR DÉFICIT
Gobierno acepta revisar presupuesto de la justicia
El Gobierno Nacional aceptó la propuesta de la rama Judicial de sentarse a negociar la posibilidad de aumentar los recursos que girará a esta última durante los próximos cuatro años, anunciaron el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano.
“El ministro Vargas Lleras se puso la camiseta por la justicia”, sostuvo el magistrado, al referirse a la reunión que sostendrá en la Comisión Interinstitucional de la rama con el equipo económico del Gobierno y la propia cartera dirigida por Vargas Lleras la próxima semana para evaluar la posibilidad de incrementar el presupuesto en el Plan Nacional de Desarrollo contempla el Ejecutivo para el poder judicial.
Lizcano recordó que cerca de 1 billón de pesos el déficit que aún lleva a cuestas la justicia con la actual asignación, que no supera los 2,1 billones de pesos, cuando se necesitan más de tres.
“Tenemos un propósito fundamental y es estudiar la situación financiera y de inversiones de toda la Rama, en los asuntos que tienen que ver con el presupuesto, pero también con el plan de desarrollo”, sostuvo Vargas Lleras entre tanto.
El ministro señaló, a su vez, que en el encuentro estarán presentes el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y el director de Departamento Nacional de Planeación, Hernando José Gómez.
Por otra parte, Vargas Lleras se comprometió a reestructurar los esquemas de seguridad con los que cuentan los jueces de la República, con el fin de evitar nuevos hechos fatales, que han culminado con la muerte violenta de algunos operadores jurídicos.
El jefe de la cartera de Interior y de Justicia precisó que será un compromiso ineludible del Ejecutivo garantizar protección efectiva a todos los funcionarios de la rama jurisdiccional.
LA CAVERNA
Por: Catalina Ruiz-Navarro
Un útero es como una caverna. El parecido no es solo morfológico, también es semántico porque el útero parece un lugar recóndito cuyos secretos se ocultan al mundo. Mitos sobre sus entrañas hay muchos, por ejemplo, mi bisabuela me contaba que en su época los hombres solían palpar la muñeca de la mujer en busca de un huequito que evidenciara si ella tenía su periodo. Ese es un mito inofensivo. Mitos peligrosos, son, en cambio, todos los que se refieren al aborto en Colombia.
Para empezar, muchas mujeres piensan que el aborto no es legal en este país. De hecho, muy pocas colombianas saben cuándo, cómo, y dónde se pueden realizar un legrado legal. Muchos médicos tampoco saben que el aborto es legal, muchos les dicen a las chicas que llegan buscando su ayuda que deben venir acompañadas de sus padres, o con una orden judicial, o les presentan tantos obstáculos que las chicas recurren al aborto ilegal, y ese sí, todos sabemos dónde se hace.
También se cree que la pastilla del día después es abortiva. En realidad el Postinor simplemente previene la fecundación del óvulo. Si el óvulo ya está fecundado de nada sirve la pastilla del día después.
Otro mito presenta a las mujeres como Evas malvadas que disfrutan asesinando niños, y que después de hacerlo se van juntas a tomar el sol con su bikini de rayas. Mujeres frívolas y frías, irresponsables sin corazón. A mi lo que me parece irresponsable y sin corazón es que el Procurador Alejandro Ordoñez salga en los medios dando información equivocada que confunde a las mujeres y entorpece la ejecución de sus derechos. Me pregunto qué gana él arruinándole la vida a las colombianas, y me encuentro con que hay mujeres colombianas que le acolitan estas gracias.
Recientemente la procuradora María Eugenia Carreño editó un documento a su acomodo para que pareciera que la OMS no aprueba el Misoprostol. Uno solo puede pensar que esto es una movida maquiavélica, pues la otra posibilidad implicaría que la comprensión de lectura de Carreño y Alejandro Ordoñez es tan pobre que no están capacitados para sus cargos. Como el Procurador ha dado muestras de ser un hombre muy bien preparado asumo que es consciente del daño que le causa a las mujeres de Colombia, sobretodo a las de estratos bajos, entorpeciendo el derecho que tienen a abortar en Colombia en los tres casos específicos en que es legal.
La semana pasada, la Viceministra de Salud, Beatriz Londoño, ex Secretaria de Salud de Bogotá y ex directora del Instituto colombiano de Bienestar Familiar (2002 a 2006), salió a decir en La W que le preocupaba la inclusión del Misoprostol en el POS porque ese medicamente no tenía autorización de uso en Colombia para interrumpir embarazos, una declaración que a demás de ser incorrecta implica que la CRES no tiene la información adecuada para tomar una decisión frente a la inclusión del medicamento en el POS.
Me parece que, estando en el siglo XXI y con los avances tecnológicos y médicos para saber como funciona el útero de las mujeres, es inadmisible que corran por los pasillos estos rumores, correos de brujas, que perpetúan los aparatos reproductivos como unas cosas arcanas y misteriosas. Hasta los más conservadores estarán de acuerdo conmigo en que el útero es más interesante como un lugar de luz, que como un lugar de oscuridad. A mi no me gusta pensar en mi útero como una caverna, como una caldera llena de una información turbia. Es el momento de reclamar nuestro derecho a un útero ilustrado.
VEINTE AÑOS DE PEDAGOGÍA CÍVICA
Por: Tulio Elí Chinchilla
Con independencia de cómo se evalúe la carta de 1991 —sus aciertos y errores— casi nadie negará que ella ha contribuido a formar en la conciencia de los colombianos la idea de tener derechos.
En estos veinte años la Constitución ha servido como herramienta pedagógica irreemplazable en la paulatina construcción del sujeto de derechos esenciales, noción muy tenue y nebulosa bajo la Carta de 1886.
El de tener derechos es un sentimiento que apenas ha empezado a arraigarse en las generaciones que vieron luz después del relevo constitucional. Es un germen cultural que sólo logrará adherir en la conciencia colectiva si se planta en niños y adolescentes, mediante una pedagogía adecuada, en escenarios no político-jurídicos sino de la más cercana cotidianidad: la familia, la escuela, la iglesia, la barra. Nuestros niños van adquiriendo la conciencia, cada vez más clara, de que no pueden ser maltratados o sometidos a la arbitrariedad de padres y maestros; todo padre sabe que su hijo no puede ser privado de un cupo escolar y que existen medios jurídicos al alcance de sus manos para impedirlo. Quienes enferman comienzan a sentir como arbitrariedad insoportable la negativa a otorgárseles un tratamiento de salud, al que, hace veinte años, sólo podían aspirar como privilegio o como caridad. Los “desconectados” saben hoy que una cantidad mínima de agua potable deberá ser garantizada como un derecho, aquí y ahora.
Tal exacerbación de la noción de tener derechos ha recibido críticas. Verbigracia, que debido a la fuerza expansiva de los derechos se desdibuja el concepto de tener deberes (muchos derechos, casi ningún deber). A tal cuestionamiento podría responderse que no hay nada más exigente en los deberes que tomarse en serio los derechos (como relación recíproca); nada fundamenta mejor y con mayor fuerza un deber (tanto de prohibición como de solidaridad) que anclarlo en el derecho de alguien, del cual es su trasunto.
El viejo catecismo del padre Astete con el que nos torturaban en la escuela ha sido reemplazado por este otro catecismo de ética civil. Ello porque la Constitución del 91, más allá de estatuto del poder, intenta configurar un orden de relaciones intersubjetivas conforme a unos valores; en su canónica exuberante encontramos un modelo de madre (padre amoroso), de maestro, de productor de bienes y servicios, de cónyuge, de sacerdote, de empleador, de comunicador social; su texto induce a valorar positivamente la diversidad de “las criaturas de Dios”. La idea de que las personas no son “recursos humanos” (instrumentos para fines valiosos) ha venido inculcándose desde la jurisprudencia misma.
Si enseñar virtudes cívicas requiere no sólo métodos racionales —como se explica un teorema geométrico, según dijo Menón a Sócrates— sino también algún mito de refuerzo, entonces ¿podría la Constitución servir como fuente mítica en apoyo de esa fe laica? ¿Sobre qué cimentar esa creencia? Evitar que la pedagogía cívica sea tan tediosa y ahuyentadora como la de Astete, invita a imaginar estrategias más vívidas, conmover la sensibilidad antes que demostrar lógicamente, aprender haciendo, más que asimilar discursos.
REVISTA SEMANA
VARIAS ONG PIDEN A LA UE CONDENAR LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN COLOMBIA
La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco), que representa a una treintena de organizaciones de diez países europeos, envió una carta al embajador colombiano en Bruselas, Carlos Holmes Trujillo.
Varias organizaciones no gubernamentales instaron a la Unión Europea (UE) a condenar las desapariciones forzadas en Colombia, así como a solicitar a las autoridades de ese país que incrementen la protección de los activistas de dichas ONG.
La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco), que representa a una treintena de organizaciones de diez países europeos, envió una carta al embajador colombiano en Bruselas, Carlos Holmes Trujillo, apoyada por una decena de eurodiputados, entre ellos el español de los Verdes Raül Romeva, para conocer la labor del Gobierno colombiano ante esos crímenes.
Además, señaló que Trujillo recibirá este viernes a representantes de Oidhaco, la Coordinadora belga por Colombia y otras organizaciones, quienes le expresarán su preocupación por la suerte de miles de desaparecidos, en especial de la activista ecologista Sandra Viviana Cuéllar, de 26 años, desaparecida el pasado 17 de febrero en Cali.
Las ONG recordaron que, según cifras oficiales, existen al menos 27.300 casos de desapariciones forzadas en Colombia, 1.130 de ellos en los últimos tres años, "lo que lleva a concluir que cada día del año desaparece un activista, sindicalista o líder asociativo", denunciaron.
"Oidhaco solicita a la UE que condene este crimen y que exija a Bogotá medidas inmediatas para proteger a los activistas y combatir la impunidad", precisaron en un comunicado.
Según la Coordinadora belga por Colombia, en los últimos 20 años "se ha podido demostrar que los servicios de seguridad del Estado han participado en estos crímenes, cometiéndolos directamente o tolerando que los cometieran los grupos paramilitares".
"El ensordecedor silencio que la UE mantiene sobre la gravísima situación de derechos humanos en Colombia es desconcertante", indicó el portavoz de Oidhaco, Vincent Vallies.
"No puede ser que Colombia tenga más desaparecidos que las dictaduras de Argentina y Chile juntas; 27.300 casos son investigados por la Fiscalía colombiana, pero podrían ser más", apuntó, y añadió que la UE debe "condenar públicamente" esa situación. EFE
POBLACIÓN DESPLAZADA DE BOLÍVAR DENUNCIA AMENAZAS
A través de panfletos han sido intimidados algunos líderes de comunidades desplazadas. El director de la CNRR de Bolívar, Arturo Zea, confirma las denuncias.
Un “abril rojo” para líderes de desplazados, para miembros de organizaciones que defienden los derechos humanos, para mujeres, para afrodescendientes. Eso advierte la amenaza que llegó al correo del director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Bolívar, Arturo Zea. La advertencia es dura y clara.
El lunes en la tarde llegó ese mensaje, firmado por el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac). Zea dice que la población desplazada en esa región es una de las más grandes del país, con relación a la población. Más de 240 mil en Bolívar.
“Mensajes como el que recibí van dirigidos a líderes de desplazados y buscan intimidar, evitar que avancen procesos como el de restitución de tierras. Las bacrim han tomado fuerza, intentan dominar barrios”, señala Zea.
Las amenazas despertaron la atención de la Alcaldía de Cartagena, de las autoridades. Se convocó, casi de manera extraordinaria, a una mesa de prevención y protección de desplazamiento para este viernes. El propósito es analizar la actual situación en la que se encuentran las organizaciones de población desplazada asentadas en la capital de Bolívar y adoptar las medidas que permitan garantizar seguridad.
Noemí Torres, presidenta de la Asociación de Desplazados de Cartagena (Asodescar), dice que la situación para las casi 16 organizaciones de desplazados, mixtas y de mujeres, algunas con incidencias en el resto del país, es grave. Por eso exigen que se pongan en marcha medidas efectivas. “No tenemos ninguna protección, no tenemos un esquema de seguridad”, señala la mujer, quien además asegura que en Cartagena “muchos casos de amenazas, que se han vuelto realidad han quedado impunes”.
Los líderes advierten que aunque las autoridades locales han prestado atención a sus denuncias, no pasa lo mismo con el gobierno nacional. Es por eso que ratifican la solicitud al Ministerio del Interior y de Justicia para que a través del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER) en forma conjunta con el Distrito de Cartagena y la Gobernación de Bolívar se articulen las estrategias y medidas de protección que garanticen los derechos fundamentales de las personas y organizaciones sociales amenazadas.
Por las tierras
El reciente panfleto que llegó a manos de la comunidad hace fuertes advertencias a quienes insisten en los procesos de restitución de tierras. En el comité sectorial de seguridad y convivencia, que coordina políticas de seguridad entre la alcaldía y los entes de seguridad, se habló de las amenazas de las que están siendo víctimas los desplazados.
Líderes de esas organizaciones denunciaron que detrás de las amenazas hay intereses sobre las tierras, que buscan presionarlos para que autoricen la venta masiva de algunos terrenos. A uno de los líderes le sorprende el hecho de que las amenazas estén firmadas por miembros del Erpac, sin embargo, recuerda que a los comités y foros de tierras últimamente “llega gente que no tiene nada qué ver”, se refiere a personas que de un momento a otro empezaron a interesarse por el tema de tierras, que no saben quiénes son ni de dónde llegan.
Otro líder, representante de uno de los barrios más populares de la ciudad, asegura que las amenazas son también por cuestiones políticas, por sus luchas, más allá de la recuperación de las tierras. “Quieren sacarnos de nuestro barrio y lo que hacemos es intentar sacar comunidad adelante”.
Las mujeres, quienes hacen seguimiento al auto 092, que se refiere a la protección de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento, también se sienten solas. Señalan que no tienen esquema de seguridad y recuerdan que de los trece programas que manda el auto 092 sólo se ha avanzado en dos y con limitaciones, producto del temor.
Todos coindicen en pedir a las autoridades que eviten que las amenazas se hagan realidad.
CONGRESO SUGIERE AL GOBIERNO APLAZAR REFORMA A LA JUSTICIA
El presidente de la Comisión Primera del Senado, Eduardo Enríquez Maya, considera que si el gobierno presenta una reforma a la justicia podrá afectar varios proyectos clave en el Congreso.
Esa será la petición que el presidente de la Comisión Primera del Senado, Eduardo Enríquez Maya, le hará al ministro del Interior. Hay varios proyectos que "tienen peligro" en su trámite y la reforma podría alterar la agenda.
A partir de este jueves, el ministro del Interior discutirá con los senadores y representantes de las comisiones primeras del Congreso la conveniencia o no de presentar la reforma a la justicia.
Para el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, este proyecto “es urgente” para el país, especialmente para afrontar dos de los principales problemas de la rama judicial: la congestión y el acceso a todos los colombianos.
El propósito del ministro es que este semestre empiece el estudio de la reforma. Un proyecto que, por ser una reforma constitucional, requiere ocho debates. Según Vargas Lleras, esta legislatura, la más corta de cada periodo, el Congreso podría avanzar, si hay acuerdos, en los primeros cuatro debates del proyecto. Y después del 20 de julio dar “un debate más profundo”.
“Si logramos unos consensos mínimos en materias de acceso, descongestión, temas institucionales que parecen ser los más complejos, y asuntos de seguridad jurídica que queremos impulsar en este proyecto, sería extraordinario que este semestre le demos primera vuelta para que a partir de julio del 2011, ya de una manera más pausada y meditada, se avance en la discusión”, pedirá Vargas Lleras a los partidos políticos este jueves en Anapoima.
Pero el Congreso tiene otra opinión. Semana.com dialogó con el presidente de la Comisión Primera del Senado, el conservador Eduardo Enríquez Maya, quien fue categórico al afirmar que el gobierno debe posponer el debate de la reforma a la justicia.
“Considero que el proyecto se debe presentar en las sesiones ordinarias a partir del 20 de julio. Hoy no es conveniente. Tenemos peligro en muchos proyectos, el tiempo es muy estrecho y puede haber muchas dificultades en su trámite”, dijo Enríquez Maya.
Esa observación será trasladada al ministro del Interior. Además le explicará que las comisiones primeras ya se están ocupando de cuatro reformas constitucionales: regalías, impedimentos de congresistas, sostenibilidad fiscal y el paso de empleados provisionales a la carrera administrativa.
Además hay proyectos acumulados que no se pueden dejar de lado, como el de la reparación a las víctimas y la restitución de tierras. “Las comisiones primeras hemos decidido sesionar de lunes a jueves, de lo contrario no nos alcanzará el tiempo”, explicó Enríquez Maya.
Los puntos de una reforma a la justicia
A diferencia de lo que considera el gobierno, el Congreso considera que la reforma a la justicia debe ir más allá de los temas de la descongestión y el acceso.
Según el presidente de la Comisión Primera del Senado, una reforma a la justicia integral, como la prometió el propio gobierno, también debe afrontar el tema de los funcionarios aforados.
En este sentido, el Congreso insistirá en que senadores y representantes deben tener las mismas condiciones y garantías de los demás ciudadanos en los procesos judiciales. Es decir, el derecho a la doble instancia.
También, explicó Eduardo Enríquez Maya, y acogiendo sugerencias de la Corte Suprema de Justicia, se debe fortalecer la investigación, las acusación y los juicios contra altas dignidades del Estado que son competencia de la Cámara de Representantes. “El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha insistido en que la Comisión de Acusaciones debe estar integrada por juristas y debe funcionar de la misma forma que una sala de casación”.
La reforma también debe afrontar “de una vez por todas” el tema de la tutela, especialmente el de evitar que se convierta en un “choque de trenes entre las altas cortes”.
Reforma, la asignatura pendiente
No sólo el presidente Juan Manuel Santos, también el ministro del Interior, en sus épocas de campaña, coincidieron en la necesidad de reformar la justicia.
Sin embargo, esta ha sido una idea de gobiernos anteriores que nunca se ha podido consolidar.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe fue el que más insistió pues en sus ocho años de gobierno radicó ante el Congreso cuatro proyectos de reforma judicial.
Los ministros del Interior de Uribe, Fernando Londoño, Sabas Pretelt de la Vega , Carlos Holguín Sardi y Fabio Valencia Cossio fracasaron en el Congreso. Sus proyectos se hundieron en el trámite, o en el caso de la reforma liderada por Valencia Cossio tuvo que retirarla por la puerta de atrás, sin que superara un solo debate.
El actual gobierno recogió las sugerencias de una comisión de expertos y presentó un borrador de la reforma a la justicia que no fue bien acogido por las Cortes. Decidió aplazar la presentación de la reforma y crear una mesa interinstitucional para buscar consensos. De momento no se han logrado.
El presidente Juan Manuel Santos, luego de su gira en Estados Unidos, se reunirá este viernes en anapoima con los congresistas. Definirá la suerte de la reforma a la justicia.
CAMBIAMOS DE CARTA POLÍTICA PERO EL PAÍS SIGUE ANCLADO EN 1886
”Por Gabriel Bustamante Peña*
Héctor Pineda, exconstituyente y vocero del proceso de paz con el M-19.
Héctor Pineda, exconstituyente, señaló tres grandes vacíos de la Constitución del 91: la falta de reforma de las fuerzas armadas, el reconocimiento de la juventud y una mención sl Libertador.
Héctor “Tico” Pineda, Vocero del proceso de paz con el M-19; Constituyente de 1991, columnista de diversos medios y consultor en temas de paz y convivencia pacífica, contó cómo se desarrolló el proceso de deliberación y consenso al interior de la Asamblea Nacional Constituyente. En entrevista con el jurista Gabriel Bustamante, a juicio de Pineda, esta ha sido el órgano más diverso y representativo que ha tenido Colombia.
Gabriel Bustamante Peña: Como barranquillero Usted hace parte de la representación costeña en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿Cuál cree que es el principal aporte que llevó el Caribe a la construcción constitucional de 1991?
Héctor Pineda Salazar: Precisamente todos los constituyentes del Caribe: Orlando Fals Borda, Eduardo Verano, Juan B. Fernández, Carlos Rodado, Jesús Pérez, Julio Salgado, unidos por un gran sentimiento de regionalización, nos reunimos en enero -paradójicamente en la Casa del Cabrero, que fue donde vivió Rafael Núñez- y sin pedirle permiso a los partidos ni a nadie suscribimos el llamado Consenso Constituyente del Caribe o Consenso de Cartagena. Documento que hablaba de regionalización, autonomía territorial, de construcción de indicadores de necesidades básicas insatisfechas como fundamento del situado fiscal y logramos que se incluyera en el texto constitucional. De ahí que el espíritu de la Constitución del 91 esté permeado de autonomía regional y descentralización, que es una diferencia absoluta con el modelo de Estado central autoritario de la Carta del 86.
G.B.P.: Además de la representación costeña, la Asamblea Constituyente fue una expresión amplia e incluyente de nuestra diversidad regional, étnica, política y cultural. ¿Qué fue lo más destacado de esta composición?
H.P.S.: La Asamblea fue un espacio único de unidad nacional, ahí había costeños, cachacos, vallunos, ex guerrilleros, todos los colores de piel, todas las tendencias políticas, todas las miradas de país, desde el anaco y la cosmovisión de los indígenas hasta el paño y el discurso acartonado de los cachacos. En la Asamblea se reflejó el país entero con todas sus luces, incertidumbres, sus chistes, sus tragedias y sus reclamos no resueltos. Estar ahí era ver materializado el sancocho nacional del que habló Jaime Bateman unos años atrás. Pero además, la Asamblea fue un paradigma de reconciliación, no sólo por darle cuerpo al proceso de paz con el M-19, el Quintín Lame, el EPL y el PRT, sino por todas las manifestaciones históricas y antagónicas que confluyeron en su composición y que se vieron reflejadas en el posterior articulado. El 4 de julio de 1991, al entregarle al país la nueva Constitución, Álvaro Gómez Hurtado, líder histórico del Conservatismo y ex secuestrado por el M-19, se funde en un abrazo con Antonio Navarro Wolf, ex guerrillero y con Horacio Serpa, líder del Partido Liberal.
G.B.P.: Pero, ¿Cómo se logró que esas grandes diferencias ahí representadas no fueran obstáculo en la tarea de diseñar conjuntamente una nueva Constitución?
H.P.S.: Porque a pesar de que en la Asamblea se dio un choque de perspectivas ideológicas y conflictos históricos, las discusiones se dieron bajo un espíritu de consenso permanente que hizo que las diferencias no fueran causantes de rupturas sino de complementariedades.
G.B.P.: ¿Cómo se consiguió organizar el trabajo de redacción con un grupo tan diverso y qué insumos utilizaron para la construcción de la nueva Carta Política?
H.P.S.: Primero, porque la Asamblea fue un espacio de reconocimiento de sectores que, hasta ese momento, habían sido invisibles para el conjunto de la sociedad colombiana. Segundo, porque las reglas de juego con que funcionamos fueron incluyentes de la voluntad popular, por ejemplo, recogimos, analizamos e integramos más de mil mesas de trabajo organizadas a lo largo y ancho de Colombia. Mesas que iban desde las establecidas por el gobierno, las universidades o los partidos, hasta las espontáneas que se realizaban en los barrios y donde era común ver a las amas de casa dictando cátedra de cómo deberían ser los derechos de las mujeres vulneradas. La Constituyente mandó el mensaje de que no era necesario ser doctor en derecho para redactar la Constitución, sino tener sentido común y dolerle el país.
G.B.P.: Pero surgieron momentos críticos y discusiones espinosas de difícil concertación…
H.P.S.: Claro, por ejemplo, la alusión de Dios en el preámbulo de la Constitución fue un debate teológico con los cristianos y el Partido Conservador, por un lado, y con los laicos, otras confesiones religiosas y las cosmogonías indígenas, por el otro. Fue una discusión dura y casi paralizante que se resolvió con un consenso donde quedamos todos igualitariamente inconformes: ahí quedó un dios que será el que quiera cada espiritualidad o cosmovisión, dándole paso a un Estado laico y que garantiza la libertad de cultos. Otro momento de extrema tensión fue cuando en plena deliberación constituyente se presentó el conflicto del cierre del Congreso. Ante la negativa de muchos de los parlamentarios, Navarro anunció que iba a llegar a la plaza de Bolívar con tracto mulas llenas de firmas para revocarlos y Martín leyes y Roberto Gerlein anunciaron una guerra civil si se cerraba el Congreso. Al final, ni llegaron las tracto mulas con las firmas, ni hubo guerra civil. Se hizo un pacto político por el cual se convocó a nuevas elecciones y se inhabilitó a participar a los constituyentes. El resultado fue un nuevo Congreso con las mismas mañas y vicios políticos, por lo que alguien dijo que era Vino viejo en recipiente nuevo.
G.B.P.: ¿Qué presiones externas sufrió el proceso de construcción constitucional?
H.P.S.: Como en todo escenario de poder hubo un intenso lobby de todos los intereses existentes desde federaciones de gobernadores que presionaban para que no se disolvieran los departamentos en el proceso de descentralización hasta familiares de presos en el exterior que buscaban usar la Constituyente para repatriarlos.
G.B.P.: Con el tema de la extradición se ha especulado mucho de que el narcotráfico permeó la Asamblea para su no aprobación…
H.P.S.: Es una infamia que quieran presentar a los constituyentes como unos vendidos al narcotráfico, una malintencionada malformación del momento histórico. En el momento en que se discute la extradición cerca del 90% de la gente estaba en contra de esta medida, nosotros como AD-M19 nos oponíamos por un sentimiento de soberanía nacional. En un momento en que no se había construido aún una jurisdicción universal penal nos parecía indigno, denigrante que un juez extranjero juzgara a nuestros nacionales.
G.B.P.: Veinte años después, para usted ¿cuál es el gran vacío de la Constitución de 1991?
H.P.S.: Tres grandes vacíos. El primero el no haber podido depurar y reformar las fuerzas armadas para colocarlas a la altura de la nueva Carta Política. Esa falta de consenso para lograrlo, la hemos pagado caro en todos estos años. La segunda un reconocimiento verdadero a la juventud, que fue el motor del proceso constituyente. Nosotros propusimos que el derecho al voto se otorgara a los 15 años y si Álvaro Leyva no se para a orinar a la hora de la votación lo hubiéramos logrado, por eso luego se han creado espacios de pseudo participación para los jóvenes que terminan por desmotivar la participación juvenil. Y tercero, el gran olvido de la Constitución Nacional es el Libertador Simón Bolívar, no existe ni una sola referencia a Bolívar en toda la Constitución, esto es una omisión imperdonable especialmente para los constituyentes del M-19 que no fuimos capaces de invocarlo en el texto constitucional a pesar de haber robado su espada como símbolo de inspirador de nuestra lucha. Por eso, en un esfuerzo histórico para enmendar este desagradecimiento, propongo buscar un consenso nacional para incluir por medio de un acto legislativo al Libertador en el preámbulo de la Carta Política.
G.B.P.: Por último, veinte años después, ¿qué destaca de la Constitución y que critica?
H.P.S.: Destacaría que después de años de oprobio y exclusión la Constitución reconoció e invistió de derechos a los indígenas y a los afrocolombianos; destacaría la acción de tutela; el equilibrio de poderes que nos salvo de la reelección perpetua de Uribe; el reconocimiento de la soberanía popular, el concepto respetuoso e incluyente de familia; el Estado laico y multicultural; la protección del medio ambiente; los derechos humanos y todo el conjunto de derechos y garantías que no son postulados separados e independientes sino que configuran un conjunto de prerrogativas en las cuales a los colombianos se nos reconoce como ciudadanos y como sociedad. Y lo que criticaría es lo que ya había advertido Álvaro Gómez cuando terminamos la Constitución, al decirnos que íbamos a necesitar una enorme revolución cultural para armonizar la nueva Constitución con el alma de los colombianos. Hoy gran parte de la inaplicabilidad de la Constitución es porque tanto ciudadanos como gobernantes siguen con mentalidad centralista, autoritaria, intolerantes con la diferencia, insolidarios; mejor dicho cambiamos de Carta Política pero el país sigue anclado en la Constitución de 1886.
EL NUEVO SIGLO
PROPONEN MÁS CONTROLES A INVERSIÓN DE RECURSOS DE REGALÍAS
Sendos comités en los ámbitos departamental y municipal definirán los proyectos de inversión.
Con algunas modificaciones frente a lo que aprobó la plenaria de Cámara, este martes la Comisión Primera de Senado votaría la ponencia para quinto debate del proyecto de reforma a las regalías, considerado como la iniciativa de orden económico más importante de la administración Santos.
Entre las propuestas presentadas por la comisión de ponentes, coordinada por el senador Roy Barreras (Partido de La U), está la garantía de un piso mínimo que podrán usar de manera directa las regiones productoras y que para el año entrante representará 35 por ciento del total de las regalías, cerca de 3,5 billones de pesos.
La mayoría de las 13 regiones que obtienen regalías por la explotación de recursos como el petróleo y el carbón se han opuesto a este proyecto al considerar que perderán recursos importantes que hoy invierten en salud, educación, agua potable y saneamiento básico.
Por su parte, el Gobierno nacional justifica la iniciativa argumentando que los ingresos provenientes de las regalías es necesario repartirlos entre los diferentes Departamentos y no como sucede en la actualidad, que se benefician sólo las regiones en donde se realiza la explotación, las cuales reciben regalías directas; así como aquellas que, aunque no son productoras, su territorio sirve para el transporte del recurso explotado, el caso del paso de un oleoducto, las cuales obtienen regalías indirectas.
El senador Barreras dijo que el piso mínimo que podrán usar de manera directa las regiones, como lo propone la ponencia para quinto debate, es una cifra mucho mayor que la que se destinará a los fondos de compensación, desarrollo, ciencia y tecnología o pensiones, que estarán todos alrededor de 10 por ciento de los recursos. Esta última medida, anunció el Senador, tiene como objeto evitar un golpe severo a las regiones productoras dependiendo de la redistribución.
“En la práctica es necesario que los compatriotas de las regiones productoras sepan que no habrá disminución de sus ingresos peso a peso. Que recibirán recursos correspondientes a todos los fondos de compensación, de desarrollo, de ciencia y tecnología, de pensiones y de ahorro. Que el piso que se ha establecido es solamente para las regalías que manejarán directamente los gobernadores y alcaldes locales, y que sin embargo se hará gradual esta redistribución para no afectar esas regiones”.
Modificaciones
La ponencia definió que los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en un porcentaje de 15% del total de los ingresos del Sistema General de Regalías, así como a ejecutar directamente estos recursos.
La ejecución de los recursos provenientes de las regalías y compensaciones se efectuará en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales. Sin embargo uno de los aspectos que resultaría más polémico de la ponencia es que los proyectos prioritarios que se financiarán con estos recursos serán definidos por órganos colegiados de administración y decisión, que en el caso de los Departamentos estará integrado por cinco ministros, el gobernador y un número representativo de alcaldes.
En cuanto a los municipios este comité estará integrado por el gobernador, el alcalde y representantes de la sociedad civil.
Profundizando en más controles a estos recursos, que durante mucho tiempo han estado en entredicho por el despilfarro que han hecho en algunas regiones, la ponencia propone la creación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de las Regalías, cuyo objeto será asegurar el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías.
En tanto que, en cuanto a los fondos, la ponencia propone que del total de los recursos destinados a los diferentes fondos que serán financiados con dineros del Sistema General de Regalías, se destinará 60 por ciento al Fondo de Compensación Regional y 40 por ciento al Fondo de Desarrollo Regional.
REFORMA A LA JUSTICIA SE QUEDARÍA PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA
Vargas Lleras urge a las Cortes presentar su propuesta
El proyecto de reforma a la justicia es mejor presentarlo en la segunda legislatura del Congreso, a partir del 20 de julio próximo, recomendaron ayer al Gobierno los congresistas de las comisiones primeras de Senado y Cámara en una reunión que sobre el tema sostuvieron en el municipio de Anapoima (Cundinamarca).
Varios parlamentarios de distintas colectividades consideraron que si el Ejecutivo radica esta reforma en la presente legislatura, que fenece el próximo 16 de junio, se podría producir un trancón legislativo por la gruesa agenda que se tramita actualmente.
En eso coincidió el presidente de la Comisión Primera de Senado, Eduardo Enríquez Maya, quien explicó que en este momento son tramitadas cinco reformas constitucionales y varios proyectos más de origen gubernamental y parlamentario. “Perderíamos el tiempo, yo creo que la recomendación del Congreso es pedirle al Gobierno que presente esta reforma, a partir del 20 de Julio y ojalá concertarla”.
Por su parte, el presidente de la Comisión Primera de Cámara, Berner Zambrano, indicó que no hay ambiente en este momento para estudiar la reforma por el alto número de proyectos que son tramitados, como la reforma a las regalías y la supresión de la Comisión Nacional de Televisión.
Se espera que el Gobierno defina en las próximas horas si acepta la recomendación del Congreso o decide darse la pela y radica el proyecto, que por tratarse de una reforma legislativa debe surtir ocho debates.
Antes de la reunión de ayer en Anapoima, el ministro Vargas Lleras había reafirmado el interés del Gobierno por presentar esta reforma en la presente legislatura. “Si logramos unos consensos mínimos en materias de acceso, descongestión, temas institucionales que parecen ser los más complejos, y asuntos de seguridad jurídica que queremos impulsar en este proyecto, sería extraordinario que este semestre le demos primera vuelta para que a partir de julio del 2011, ya de una manera más pausada y meditada, se avance en la discusión”.
Sin embargo uno de los escollos que tiene este proyecto para que sea presentado en las próximas semanas al Congreso es que aún la rama judicial no ha entregado su propuesta para reformar la justicia.
En ese sentido ayer el ministro Vargas en la reunión que sostuvo con la Comisión Interinstitucional Reforma a la Justicia, pidió a las Cortes que aceleren la entrega de su propuesta para poder avanzar. El Funcionario dijo que ya son ocho meses que se viene discutiendo este proyecto con las Cortes y las bancadas del Parlamento.
De otra parte y tras su reunión con los magistrados de las Cortes, Vargas Lleras se comprometió a que en los próximos días buscará una reunión con el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Hernando José Gómez, con la intención de estudiar un incremento para la rama judicial.
Varias dilaciones
La intención de la administración Santos era presentar la reforma a la justicia el año anterior, junto con un paquete de iniciativas que radicó pocas semanas después de que se posesionó en la jefatura de Estado, sin embargo prefirió aplazarla para marzo de este año con el fin de poder discutirla a fondo con las Cortes y el Congreso.
Sin embargo en octubre pasado el presidente Santos aclaró que la iniciativa se presentaría lo más concertada posible, aunque aclaró que “como también lo hemos dicho, concertar no quiere decir consensuar”.
Algunas de las propuestas contenidas en la iniciativa de reforma a la justicia que presentó el Ejecutivo a las Cortes es la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la creación del Consejo Superior Judicial; la racionalización del uso de tutelas, contemplando un requisito: que debe ser interpuesta por medio de un abogado.
En materia de eficiencia judicial y descongestión será ampliada la oferta de justicia mediante la autorización del ejercicio de funciones jurisdiccionales a abogados en ejercicio de manera transitoria y excepcional.
CORTE SUPREMA INDAGA A LA CONSTITUCIONAL
En una decisión inédita y que hace parte de la investigación que la Corte Suprema de Justicia realiza a la ex congresista Lucero Cortés, denunciada por un presunto tráfico de influencias a favor de su esposo, el Alto Tribunal ordenó una inspección al expediente del caso en la Corte Constitucional.
La Sala Penal de la Corte Suprema busca determinar el trámite que tuvo en su homóloga Constitucional una tutela que interpuso Manuel Rincón, el esposo de la mencionada parlamentaria así como las posibles presiones, inclusive la denuncia de un pago de $150 millones, para que se reabriera el proceso que había sido fallado en contra de ese ciudadano.
Cortés está llamada a indagatoria por la Sala Penal tras la denuncia de una abogada sobre una supuesta injerencia de ella para que se reabriera la investigación de un proceso de estafa con un tercero y que había sido fallado en contra de los intereses de Rincón.
En dos audiencias ante la Corte Suprema de Justicia, la ex abogada de la representante Lucero Cortés, Carmen Cecilia Moreno, denunció el pago de 150 millones de pesos.
De acuerdo con lo que se ha conocido, “cuando inició esa tutela en 2007, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, la cual la estudió y salió denegada. En segunda instancia la confirmó y subió a la Corte Constitucional (…) Un día él me pidió el favor que averiguara si había sido seleccionada, lo cual no pasó”, narró Moreno.
La jurista indicó que después de comentarle a Rincón que la tutela no había sido seleccionada, éste le respondió: “Esto no se trata así, ya mi señora consiguió como hacer eso allá adentro y necesito 150 millones de pesos”.
En la diligencia, un magistrado auxiliar de la Corte Suprema revisará el expediente y solicitará a la Corte Constitucional copias que considere necesarias para adjuntar al proceso que se adelante en la Corte Suprema. Terminada la inspección se levantará un acta en el que se incluyen las piezas procesales de las que se soliciten copia.
En su versión libre en este caso, la congresista dijo que esta denuncia era una persecución en su contra de la cual, aseguró, saldrá adelante.
Con la tutela, al parecer el esposo de la parlamentaria pretendía que se dejara sin piso un proceso que le adelantó la Fiscalía General.
La congresista, actualmente representante del Partido de la U a la Cámara por Bogotá, está incluida entre los catorce legisladores que son investigados también por el presunto manejo irregular de bienes en la Dirección nacional de Estupefacientes.
CMI
ORDENAN INSPECCIÓN JUDICIAL A LA CORTE CONSTITUCIONAL
La Corte Suprema ordenó una inspección judicial a la Corte Constitucional dentro de la investigación que adelanta contra la representante a la Cámara, Lucero Cortés, por supuesto tráfico de influencias.
La decisión fue adoptada con el fin de inspeccionar el expediente de una tutela que la Corte Constitucional falló a favor de Manuel Rincón, esposo de la congresista.
Esa tutela había sido negada en primera y segunda instancia por el Consejo Seccional y por el Consejo Superior de la Judicatura, y llegó en revisión a la Corte Constitucional.
Según el denunciante, al parecer el Defensor del Pueblo y un magistrado de esa corporación, intercedieron para que el recurso fuera seleccionado en revisión y posteriormente fallado a favor.
En la denuncia se asegura que Lucero Cortés habría utilizado sus influencias para ello, y que incluso también se habría pagado una fuerte suma de dinero, cercana a los 150 millones de pesos.
La sala penal de la Corte Suprema indaga si era usual que un magistrado o el defensor del pueblo intercedieran por un proceso que se adelantaba en revisión, y si es verdad que se pagó el dinero.
Con la tutela, al parecer el esposo de la parlamentaria pretendía que se dejara sin piso un proceso que le adelantó la Fiscalía General.
Lucero Cortés ya fue llamada a rendir indagatoria por estos hechos dentro de un proceso formal, y en los próximos días la Corte Suprema de Justicia resolverá su situación jurídica.
CARACOL RADIO
INSPECCIÓN JUDICIAL NO OCASIONARÁ "CHOQUE DE TRENES" ENTRE LAS CORTES SUPREMA Y CONSTITUCIONAL
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, aseguró en Caracol Radio que el Tribunal está dispuesto a ser investigado, pero que la inspección de la Corte Suprema es un trámite.
La orden de inspección se conoció ayer en el marco de una investigación por tráfico de influencias a la congresista Lucero Cortés, después de que una de sus ex abogadas denunciara el pago de 150 millones de pesos para que se reabriera el proceso de una tutela a favor de Manuel Rincón, esposo de la representante, en la Corte Constitucional.
Sin embargo, el magistrado Henao descartó que esta orden se tratara de un ataque a la Corte Constitucional.
“Una de las pruebas que pidió la Corte Suprema de Justicia en el caso se debe realizar en la Secretaría General de la Corte Constitucional, para certificar la tutela si se había pedido, quienes lo habían hecho y como se habían pedido en la Corte. Eso no fue un allanamiento, ni una toma a la Corte Constitucional”, aseguró el jurista.
Henao manifestó que están dispuestos a una investigación si se comprueba el pago de sobornos. “No tenemos miedo” a las averiguaciones, concluyó Henao.
Según conoció Caracol Radio en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se discutió investigar a un ex magistrado de la Corte Constitucional, por este caso, pero finalmente se decidió hacer la inspección a la Secretaría de ese Tribunal.
JUDICATURA EMPRENDE DESDE HOY EL PLAN PARA EVACUAR 185 MIL PROCESOS CIVILES
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emprende desde hoy el plan para evacuar 185 mil procesos civiles inactivos con el nombramiento de jueces que sólo se dedicarán a este asunto.
Para tal fin comenzarán a funcionar cinco juzgados civiles con dedicación exclusiva en Bogotá, cuatro municipales donde se pretende se aplique la figura del desistimiento, es decir que las personas por voluntad retiren los procesos ya sea por arreglo o por otra circunstancia.
Con este plan se pretende reducir los términos a la mitad, es decir de 344 días a 113 días de duración del proceso.
El presidente de la Sala Administrativa, Hernando Torres, dijo que estas medidas se toman como estrategia para hacer más cercana, transparente y oportuna la justicia para todos los ciudadanos y ciudadanas.